Israel Vallarta: La ineficiencia del sistema de justicia en México
JLuisCastellón
Hace una semana, un grupo de activistas circuló en redes sociales una petición dirigida al Fiscal General de la República, en ella solicitaban el desistimiento de la acción penal en contra de Israel Vallarta, relativa a la acusación de haber sido el líder de la organización criminal ‘Los Zodiaco’ y realizar diversos secuestros junto con Florence Cassez y otras personas.
Los reflectores mediáticos se volcaron nuevamente sobre este caso luego de que se difundió que Israel había sido trasladado para atención médica ante la sospecha de haber contraído COVID-19; esta situación ha puesto bajo el escrutinio público la configuración de nuestro Sistema de Justicia Penal, pues Israel ha estado bajo prisión preventiva oficiosa desde hace 14 años, sin que un Juez haya declarado su responsabilidad hasta ahora.
Así, la ineficiencia del proceso no sólo le ha costado tiempo, sino que ahora ha puesto en riesgo su vida. Esta situación es particularmente preocupante en el contexto de abuso y arbitrariedad que permitió a las autoridades mexicanas fabricar pruebas en el caso Cassez, y cuyos hechos aún mantienen detenido a Vallarta.
¿Quiénes son Israel Vallarta, la banda de ‘Los Zodiaco’ y Florence Cassez?
Los nombres de Israel Vallarta y Florence Cassez adquirieron notoriedad luego de que en el 2005 se transmitiera ‘en vivo’ un operativo en que se intervenía una supuesta casa de seguridad ubicada en en el rancho ‘Las Chinitas’ en el Estado de Morelos. Las imágenes difundidas por la Agencia Federal de Investigación, dependiente de la Procuraduría General de la República, mostraban la liberación de tres víctimas y la detención de sus secuestradores.
Israel y Florence fueron acusados–en televisión abierta y después en un proceso penal- de pertenecer a una banda denominada ‘Los Zodiaco’, que desde 2001 estaba involucrada en varios secuestros realizados en el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Según las autoridades, Israel era el líder de la banda y Florance se había unido al grupo tras haber generado una relación sentimental con él.
Se decía que el grupo estaba conformado por varios de los familiares de Israel Vallarta, mismos que en años subsecuentes fueron perseguidos uno a uno; y, aunque nunca antes había sido mencionado por las Agencias de Seguridad o los medios de comunicación, ahora se les presentaba como una peligrosa organización delictiva, responsables de diversos hechos cometidos contra empresarios.
¿La detención fue un montaje?
El espectacular operativo comenzó a ser cuestionado luego de que Florence Cassez sostuviera consistentemente que ella había sido detenida el día anterior, en otro lugar y bajo un contexto completamente distinto. Desconocía todo lo que se decía que había ocurrido en el rancho ‘Las Chinitas’.
Así, la mediatización inicialmente impulsada por el Gobierno Federal como estandarte de combate a la delincuencia, comenzó a ser cuestionado. Durante los siguientes meses se descubrieron inconsistencias en la información de la Averiguación Previa: fechas que no concordaban, testimonios incongruentes y violación de derechos, entre otros.
Tras estos descubrimientos, se derrumbaba la versión sostenida por Genaro García Luna -entonces Director de la Agencia Federal de Investigación y ahora detenido en Estados Unidos por cargos de conspiración para traficar cocaína y perjurio-. Entre ellos, uno de los episodios más memorables fue la entrevista con Denise Maerker, en que llegan a ser confrontados por la propia Florence:
Algunos años después, Carlos Loret de Mola -el periodista que transmitió por primera vez la detención ‘en vivo’-, aceptaría que se trataba de un montaje:
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El caso de Florence Cassez llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de haber sido condenada en primera instancia y confirmada su sentencia en un tribunal de alzada; alegó diversas violaciones a sus derechos Constitucionales y Tratados Internacionales, esencialmente aquellos relacionados con el debido proceso.
El 21 de enero del 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en una votación de 3 a 2, que habían existido fallas graves en el proceso de Florence Cassez, generadas por la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación, violándose la presunción de inocencia, el debido proceso y la asistencia consular, lo que había generado un efecto corruptor en el proceso.
Esencialmente, la Corte sostenía que la actuación de las autoridades había sido tan grave que ocasionaba la perdida de toda fiabilidad en la certeza de la evidencia recabada, por lo que debía otorgarse la libertad a Florence. Esta decisión fue sumamente controvertida: un sector se inclinaba por sólo nulificar las pruebas afectadas y repetir el proceso; otros interpretaban la decisión como un mensaje de impunidad en lugar de defensa de los Derechos Humanos.
Florence fue dejada en libertad y regresó a Francia.
El caso de Israel Vallarta
Israel Vallarta no corrió con la misma suerte que Florence, hasta ahora no ha sido emitida ninguna sentencia en su caso. Él enfrenta dos problemas: el sistema de justicia mexicano requiere que necesariamente se agoten todas las etapas del proceso antes de poder acudir al Juicio de Amparo y una resolución favorable sólo beneficia a quien ha interpuesto una demanda. Así, mientras se define su culpabilidad o inocencia, ha pasado 14 años en prisión esperando una resolución, sin poder ser beneficiado por la determinación de los Ministros en el caso de Cassez.
Ante la noticia de que había contraído COVID-19, diversos activistas presentaron la siguiente petición:
Actualmente, Israel Vallarta ya ha sido dado de alta y regresado al CEFERESO No. 2 en Puente Grande, donde continuará esperando la resolución de su caso. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha manifestado ninguna intención de revisar el asunto, aún a 7 años del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que quedó evidenciada la manipulación y fabricación de pruebas en contra de Florence.
Algunas reflexiones del caso
La situación de Israel Vallarta, no puede menos que llevarnos a la reflexión en torno a las ideas que construyen nuestros sistemas de justicia. Toda política que pretenda limitar la libertad de los ciudadanos en beneficio de la seguridad, debe ser analizada cuidadosamente; la limitación de los derechos supone el riesgo constante de permitir abusos por parte de las autoridades.
En un contexto en que la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad animan a la adopción de medidas que intervienen cada vez en un mayor grado en los derechos de los ciudadanos y toleran la discrecionalidad de la instituciones, es necesario reiterar las lecciones que el caso de Israel, entre muchos otros, dejan ante el panorama de la justicia mexicana:
Evidencia la necesidad de construir sistemas de procuración e impartición de justicia eficientes; después de 14 años en prisión, difícilmente alguien podría decir que una sentencia absolutoria le haría justicia. El tiempo no vuelve atrás y el daño es irreparable.
Resalta la importancia de que los Jueces tengan la posibilidad de valorar caso por caso las medidas que toman, y que estas no les estén dadas previamente por leyes abstractas. La justicia debe atender a las características y contexto de las personas involucradas en un conflicto para garantizar que funcionen de manera efectiva para todos los intervinientes.
Deja de manifiesto la necesidad de contar con procesos penales que den a las personas la oportunidad de defenderse. Si no existen medios legales a través de los cuales una persona pueda confrontar a sus acusadores, la fabricación de pruebas y la condena de inocentes seguirá siendo no sólo una posibilidad, sino una vía de escape ante el clamor social.
Expone el valor de la presunción de inocencia; nadie está a salvo de ser acusado de un delito que no cometió o de que se concluya erróneamente su culpabilidad tras una interpretación equivocada de la evidencia. La autoridad debe demostrar la culpabilidad, no exigirse al ciudadano que pruebe lo contrario.
Finalmente, muestra también como la Prisión Preventiva Oficiosa, en el contexto de la Justicia Mexicana, funciona como una pena sin sentencia. Por el simple hecho de ser acusado, y sin que se pruebe su responsabilidad en juicio, una persona podría pasar años (injustamente) en prisión.
A nadie beneficia la existencia de un sistema incapaz de averiguar la verdad, proclive a fabricar evidencia e ineficiente para defender a los ciudadanos frente a la violación de sus derechos.
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